Sentencia T.S. (Sala 4) de 13 de abril de 2010 - previene - mayo 2011 - InfoPrevención.FM
Previene

Número 51 del boletín mensual infoPrevención.FM Mayo 2011

INFORMACIÓN JURÍDICA   

Sentencia T.S. (Sala 4) de 13 de abril de 2010

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La demanda de conflicto colectivo origen de las presentes actuaciones tenía por objeto que se declarara la obligación empresarial de limpiar y desinfectar los uniformes, prendas de trabajo y vestuario laboral que se facilita a los trabajadores en cumplimiento del Convenio Colectivo de Empresa, y que ellos, además de 'los equipos de protección individual (EPI,s) que le sean entregados por la empresa para garantizar su seguridad' (art. 37 del Convenio), están obligados a llevar.

La empleadora se dedica a la limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos y su actividad, consiste en operaciones de barrido manual, barrido mecánico desde el interior de una máquina barredora, recogida de contenedores de carga lateral y trasera, recogida de cartón comercial, recogida de muebles y desbordes, operaciones de limpieza mediante camión cuba, operaciones de desbroce y de limpieza de excrementos.

La sentencia de instancia estimó la pretensión de los Delegados de Personal y declaró 'la obligación... [ empresarial ] de realizar la limpieza y desinfección necesarias de los uniformes, prendas y vestuario de trabajo que utilizan los trabajadores de la limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos. Sin embargo, recurrida en suplicación por la empresa, la resolución del Juzgado fue revocada, ahora recurrida en unificación de doctrina por los demandantes.

La sentencia recurrida, en sustancia, considera: 1) que las prendas descritas en el art. 37 del Convenio de empresa no constituyen equipo de protección individual (EPI) sino un mero uniforme identificativo del servicio; 2) que dicho precepto convencional únicamente recoge la obligación empresarial de entregarlas, sin mención alguna a un hipotético deber de lavarlas; 3) que tampoco existe riesgo biológico para los trabajadores; 4) que la empresa nunca asumió tal obligación; y 5) que, en fin, la inicial reivindicación sobre el abono de un plus de vestuario que pudiera guardar alguna relación con el problema cuestionado no fue recogida en el texto definitivo del propio Convenio.

La sentencia de instancia acogió favorablemente la demanda, razonando que, según nos informa la resolución de contraste, 'tratándose de trabajadores de limpieza de vías públicas, el uniforme que les facilita la empresa constituye una prenda de protección, lo que implica que tienen que estar permanentemente en buen estado de utilización, y ello por cuanto en virtud de cuanto establece el artículo 17 de la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales, es obligación empresarial la adopción de las medidas necesarias para que los equipos de trabajo sean los adecuados al mismo'.

Pues bien, ni en la norma convencional ni en la declaración fáctica de la sentencia impugnada consta dato alguno que permita entender con la imprescindible certeza que se trata de ropas especiales, con alguna característica en su composición, en su diseño o en su relación con el trabajo encomendado, como para poder concluir que esa concreta obligación empresarial --que, recordemos, deriva de manera inmediata de la negociación colectiva, no de cualquier disposición de carácter general de las que tratan de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores-- vaya encaminada a otra cosa que no sea la de lograr la uniformidad en el vestuario de los trabajadores.

'Ropa de trabajo' y 'equipo de protección', no tienen porqué ser siempre conceptos equiparables, y, en este caso, dada la descripción absolutamente genérica de las prendas de vestir pactadas en el Convenio Colectivo, desde luego no lo son.

Es probable, pues, que las ropas en cuestión, si no idénticas, sí pudieran ser muy similares. Pero para poder asegurar que, en el caso, constituyen verdaderos equipos de protección, en los términos que se derivan del art. 17 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, o encuadrables en la definición que de tal concepto efectúa el art. 2.a) del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, ('cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo'), hubiera sido necesaria, bien una mayor especificación de aquellas vestimentas en la disposición convencional, bien un mayor esfuerzo probatorio en el proceso y la consecuente constatación en la declaración de hechos probados sobre tales extremos, máxime cuando es el propio precepto convencional el que, al distinguir entre 'prendas de trabajo' y 'equipos de protección individual' ['El personal viene obligado a llevar la ropa de trabajo dentro de su jornada laboral, así como los equipos de protección individual (EPI,s) que le sean entregados por la empresa para garantizar su seguridad': último párrafo del art. 37 de Convenio, recogido en el hecho probado cuarto ], parece permitir la razonable interpretación otorgada por la sentencia impugnada.

Es decir, el Convenio contempla con suficiente claridad una diferenciación entre lo que podría constituir un mero uniforme y aquellos otros elementos que persiguen la protección de la salud y seguridad de los trabajadores. Es precisamente la interpretación (literal, amparada en el precepto, y sistemática, porque la empresa nunca había asumido el servicios de limpieza y desinfección, sin que prosperara la reivindicación del plus de vestuario, según razona la Sala de suplicación) del Convenio lo que, a la postre, junto a la aseveración judicial de que 'se ha constatado que la actividad de los trabajadores no comporta riesgo alguno, ni biológico, ni de ningún tipo, salvo la simple suciedad que limpian de las calles y que [según dice] habrá de manchar sus uniformes' [es éste el segundo elemento al que nos referimos al inicio del presente fundamento], ha conducido a la sentencia impugnada a concluir que, en ese caso, 'la ropa de los actores no constituye equipo alguno de protección individual, sino mero uniforme identificativo del servicio público llevado a cabo', y que 'en definitiva, la posibilidad de que la empresa asuma la obligación de lavar los uniformes y las ropas de trabajo... se circunscribe a una obligación voluntaria que ha de ser alcanzada en sede de la negociación colectiva...'.

Pues bien, por el contrario, según antes vimos, en la sentencia de contraste las prendas que la empresa entrega 'voluntariamente' a los trabajadores afectados por el conflicto, además de camisa y pantalón, consisten en chaqueta o anorak 'de alta visibilidad' y suéter y zapatos EN345S1 P para los ayudantes...'. Esta delimitación de características y especificaciones numéricas o referenciales, aunque no resulten precisamente exhaustivas, permiten no obstante relacionarlas, no tanto con la igualdad propia de un uniforme, sino con la protección de la salud y seguridad de quienes las emplean. Y, como también vimos, fue precisamente esa la razón que, según la sentencia de instancia, en razonamiento asumido luego por la Sala de suplicación, determinó la estimación de la demanda, y que, junto a otros motivos añadidos por la propia Sala (que coinciden en lo esencial con los asumibles argumentos que ya dio la Sala Tercera de este Tribunal Supremo en su sentencia de 3 de noviembre de 1981), condujo a su confirmación.

No concurre, pues, la identidad requerida por el art. 217 de la LPL y, por ello, según adelantamos, el recurso, que pudo inadmitirse en su día, debe ser ahora desestimada.


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