Sentencia T.S.J. La Rioja 240/2010, de 23 de septiembre - previene - abril 2011 - InfoPrevención.FM
Previene

Número 50 del boletín mensual infoPrevención.FM Abril 2011

INFORMACIÓN JURÍDICA   

Sentencia T.S.J. La Rioja 240/2010, de 23 de septiembre

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Una trabajadora presentó demanda ante el Juzgado de lo Social número UNO de La Rioja, contra una empresa de serigrafía, en reclamación de RECONOCIMIENTO DE DERECHO Y CANTIDADES. Con la categoría profesional de Especialista, percibiendo un salario mensual según Convenio Colectivo.

El puesto de trabajo de la parte actora registra un nivel de ruido diario equivalente superior a los 80 decibelios.

El tiempo medio de exposición al ruido se corresponde con la totalidad de la jornada de trabajo del personal adscrito al indicado puesto de trabajo, y, en concreto, de la totalidad de la jornada laboral que realiza.

Los niveles de ruido soportados por los trabajadores de la línea de producción superan los 80 decibelios, llegando a alcanzar valores de 99,28 decibelios, y las temperaturas superan los valores normales de referencia de 25 grados centígrados.

En Mayo de 2002 se estimo el derecho de los trabajadores de la línea de producción de la factoría de la empresa a percibir el complemento de penosidad previsto en el convenio colectivo de aplicación, consistente en el 20% del salario base más antigüedad.

La actora, durante el periodo comprendido entre el mes de septiembre de 2007 y agosto de 2008, ambos inclusive, ha prestado, con salario mensual correspondiente a los días trabajados, reclamando un importe del 20% sobre el salario en concepto de plus de penosidad.

Por parte de la Inspección de Trabajo se procedió a extender acta de infracción por superarse los valores legales de temperatura, infringiendo la empresa lo dispuesto en el artículo 7.1 y apartado 3 a) del Anexo 111 del RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y Salud en los lugares de trabajo.

Consta que la empresa no ha puesto a disposición de los delegados de prevención las evaluaciones higiénicas que legalmente debería haber realizado, constituyendo infracción en materia de prevención de riesgos laborales, al suponer un incumplimiento de los derechos; de información de los trabajadores reconocidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, infringiendo lo dispuesto en los artículos 18.1 y 36.2 b) de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (BOE del 10) en redacción dada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE del 13). Se extienden sendas actas de infracción a la empresa, por no poner a disposición de los delegados de prevención las evaluaciones higiénicas que legalmente les corresponden, y por obstrucción a la labor inspectora.

A este respecto es muy significativo el contenido del informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 20 de agosto de 2009. En dicho informe, la Inspección describe las múltiples actuaciones sancionadoras llevadas a cabo frente a la empresa, derivadas de los continuos incumplimientos de ésta en materia de prevención de riesgos laborales, exponiendo igualmente la actuación de obstrucción desplegada por la empleadora en orden a que, por parte de la Inspección, se pudiera desarrollar adecuadamente su labor inspectora en relación al cumplimiento empresarial de sus obligaciones en materia de realización de evaluaciones higiénicas y en relación al cumplimiento de las más elementales normas de prevención, en especial en el ámbito referido a la exposición al ruido de sus trabajadores.

Como deja constancia la Inspección de Trabajo en su informe, la empresa no ha realizado evaluación de riesgos desde el año 2004 y si bien es cierto que en el año 2008 entregó a la Inspección un documento denominado 'Estado de la Revisión de evaluación de riesgos, no es menos cierto que en dicho documento se dejaba constancia de determinadas actuaciones en materia de adecuación de instalaciones y maquinaria, pero no se aportaba documento alguno acreditativo de la evaluación de riesgos en las naves en las que el alegado proceso de adecuación había finalizado.

La medición efectuada a instancias de la empresa se realizó sin participación de los Delegados de Prevención, obviando de todo punto cualquier intervención administrativa, e incumpliéndose por tal hecho las normas de prevención referidas a ese aspecto.

Así lo puso de manifiesto el juez de instancia en los fundamentos de la sentencia que ahora se recurre, al afirmar que 'el valor probatorio de los informes que aporta la empresa a través de peritos no puede enervar el contenido de los informes practicados en relación con las actuaciones que, precedentemente a la presente, quedan reseñadas en el factum en la medida que, como se deriva del completo informe de la Inspección de Trabajo, no ha permitido realizar todas aquellas actuaciones que dentro del ámbito administrativo y con las garantías de presencia en el curso de las mediciones de representantes de los trabajadores, tal y como establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, vienen exigidas y reguladas en la normativa de aplicación'. Como se deja constancia en la sentencias 'la entidad demandada pretende controvertir en el presente proceso diversos datos higiénicos soslayando de todo punto la actuación administrativa y de órganos de representación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales, actitud que ha dado lugar a las diferentes actuaciones en el orden administrativo sancionador (...), actuaciones administrativas que se traducen tanto en actas de infracción como de obstrucción a la labor inspectora que se reseñan en el informe y se tienen por probadas'.

La empresa recurrente pretende, por tanto, que se de validez a las mediciones efectuadas a su instancia, aplicando en ellas los criterios acordados por ella misma, sin que representen sus resultados una evaluación de riesgos y dejando al margen de cualquier intervención a los órganos de representación de los trabajadores, a la propia Inspección de Trabajo o a cualquier entidad administrativa distinta a esta. Pues bien, como dice el juez de instancia, los datos aportados por la empresa 'únicamente pueden ser valorados en contraste con la existencia de una evaluación de niveles sonoros conforme a los requisitos establecidos en el Real Decreto de 10 de marzo de 2006 que regula la materia que recogiese las eventuales modificaciones que se hubiesen producido dentro de los puestos de trabajo'.

La sentencia de instancia no vulnera la doctrina jurisprudencial que la parte recurrente menciona en el motivo del recurso, pues para su aplicación en la forma postulada por la parte que recurre es necesaria la existencia de una medición de ruidos imparcial que cumpla con las garantías legales y en donde pueda establecerse el nivel de ruidos soportado y la reducción que sobre este produce la utilización de protectores auditivos y no siendo válida la efectuada por la empresa debe dotarse de validez a aquellas mediciones reflejadas por la Inspección de Trabajo en los informes que en la sentencia se transcriben de los que se deduce un nivel de exposición al ruido que supera ampliamente los 80 decibelios.

El nivel de ruido que soporta la demandante determina la legitimidad del plus de penosidad al considerarse el umbral de los 80 decibelios como 'un especial significado de riesgo (y 'excepcional' penosidad), y superarse el mismo.


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