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¿Puede una empresa denegar el teletrabajo solicitado para conciliar sin vulnerar derechos fundamentales?

El Tribunal Supremo analiza cuándo la negativa empresarial del teletrabajo por razones de conciliación puede dar lugar a una indemnización por daños morales.

El trabajador, teleoperador especialista con antigüedad desde el 6 de junio de 2011. A raíz de la pandemia de COVID-19, en marzo de 2020 pasó a prestar servicios en remoto con carácter temporal y extraordinario. En junio de 2020, la empresa estableció el teletrabajo como modelo preferente, situación que se mantuvo durante 2021 y 2022.

El trabajador residía en una localidad de Zaragoza, era padre de dos hijos menores, nacidos en 2018 y 2023 matriculados en escuelas de dicha localidad. Su mujer trabajaba como consultora en Madrid de lunes a viernes.

El 27 de junio de 2023, la empresa y el Comité de Empresa firmaron un acuerdo que establecía un modelo de trabajo híbrido, con un 50 % de presencialidad y un 50 % de teletrabajo. Se contemplaba el teletrabajo al 100 % para determinados colectivos vulnerables, entre ellos los padres y madres con hijos menores de un año.

El 5 de septiembre de 2023, el trabajador solicitó, al amparo del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, mantener el teletrabajo durante el 100 % de su jornada por razones de conciliación familiar.

La empresa abrió un periodo de negociación de quince días y le solicitó documentación adicional para acreditar la situación del otro progenitor. El trabajador aportó el resto de la información el 12 de septiembre. 

La empresa, el 20 de septiembre comunicó al trabajador que únicamente podía ofrecerle el teletrabajo al 100 % hasta que su hijo menor cumpliera un año, siempre que designase un domicilio situado en la provincia de Barcelona o en provincias limítrofes. También consideró que no se había acreditado suficientemente la situación del otro progenitor ni concretado la franja horaria en la que existía un conflicto entre las obligaciones laborales y familiares.

El 24 de septiembre de 2023 la empresa remitió al trabajador un acuerdo de trabajo a distancia que este no firmó. Solicitó la excedencia por cuidado de hijos menores de 12 años desde el 16 de octubre hasta el 23 de enero de 2024 y presentó demanda solicitando el reconocimiento del derecho al teletrabajo al 100 % de su jornada y una indemnización por los perjuicios ocasionados y por vulneración de derechos fundamentales.

El Juzgado de lo Social n.º 20 de Barcelona (autos nº 896/2023), mediante sentencia de 19 de marzo de 2024, estimó parcialmente la demanda. Reconoció el derecho del trabajador a adaptar su puesto de trabajo para realizar la totalidad de su jornada en modalidad de teletrabajo desde Alpartir (Zaragoza) y condenó a la empresa a abonarle 7.501 euros en concepto de indemnización por daños morales, con los intereses correspondientes.

La empresa interpuso recurso de suplicación y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en sentencia de 18 de marzo de 2025, lo estimó parcialmente. El Tribunal mantuvo el reconocimiento del derecho del trabajador a prestar servicios mediante teletrabajo durante el 100 % de su jornada, pero revocó la condena al pago de los 7.501 euros por daños morales. La Sala consideró que no existía vulneración de derechos fundamentales.

El trabajador interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina, alegando que la actuación empresarial había vulnerado sus derechos fundamentales y que procedía reconocerle una indemnización por daños morales. Como sentencia de contraste invocó una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 9 de octubre de 2023, que había reconocido una indemnización a una trabajadora a la que se había denegado el teletrabajo solicitado por razones de conciliación.

El Tribunal Supremo examina si existe la contradicción exigida por el artículo 219.1 de la LRJS para poder unificar doctrina. Aunque aprecia que, a primera vista, ambos supuestos presentan similitudes, identifica diferencias relevantes: en el caso recurrido existía un acuerdo colectivo de 27 de junio de 2023 sobre el modelo de trabajo híbrido y la empresa había abierto un periodo de negociación de quince días, mientras que en la sentencia de contraste la empresa rechazó directamente la solicitud, sin iniciar un proceso negociador y sin que constase la existencia de un acuerdo colectivo sobre la materia.

La Sala desarrolla, una serie de criterios sobre la relación entre el derecho a la conciliación y la protección de los derechos fundamentales:

  • No todo incumplimiento de la normativa sobre conciliación supone una vulneración de derechos fundamentales. Que un órgano judicial reconozca finalmente el derecho a una adaptación de jornada no significa que la negativa empresarial inicial haya sido necesariamente discriminatoria.
  • La negociación constituye una garantía esencial del derecho a la conciliación. Cuando no exista un acuerdo colectivo que regule los términos de ejercicio del derecho, la empresa debe abrir un proceso de negociación real y no meramente formal. Su ausencia o realización puramente formal puede constituir, con carácter general, una vulneración de derechos fundamentales y dar lugar a una indemnización por daños morales, salvo que la medida solicitada resulte irrazonable o desproporcionada.
  • También debe valorarse la justificación material de la negativa. Cuando, tras el proceso negociador, la empresa ha tenido en cuenta las circunstancias expuestas por la persona trabajadora y las ha confrontado con razones organizativas o productivas consistentes, la controversia puede permanecer en el ámbito de la legalidad ordinaria. Una oposición empresarial carente de razonabilidad puede situar el conflicto en el terreno de la vulneración de derechos fundamentales.
  • El acuerdo colectivo no puede reducir las garantías legales del derecho a la conciliación, pero su existencia y el hecho de que la empresa haya tratado de ajustar su actuación a lo pactado pueden influir en la valoración de la razonabilidad de su conducta.

En este caso, el Tribunal Supremo señala que, aunque la empresa abrió un periodo de quince días y solicitó información al trabajador, puede discutirse si esas actuaciones constituyeron una auténtica negociación. Sin embargo, considera que la existencia del acuerdo colectivo en el caso recurrido, frente a su ausencia en la sentencia de contraste, constituye una diferencia esencial entre ambos supuestos.

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina por falta de contradicción y declara firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (rec. suplicación nº 4415/2024). Por tanto, se mantiene el reconocimiento del derecho del trabajador a prestar servicios mediante teletrabajo durante el 100 % de su jornada, pero queda sin efecto la indemnización de 7.501 euros por daños morales.

Fecha sentencia
Urria 2026
Nº de recurso
2636/2025
STS_4218_2026.pdf

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