El objetivo del real decreto es desarrollar el artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores, que trata sobre el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización de Empleo. Este mecanismo permite a las empresas solicitar medidas como la reducción de jornada y la suspensión de contratos de trabajo.

Este instrumento ha sido diseñado para preservar el empleo en situaciones de crisis cíclicas o sectoriales. Se consolida como una herramienta estructural que reemplaza a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), los cuales demostraron su efectividad durante la pandemia al proporcionar una cierta estabilidad laboral para muchos trabajadores.

El presente real decreto consta de treinta artículos, distribuidos en cuatro capítulos, una disposición adicional única, tres disposiciones transitorias, una derogatoria única y seis disposiciones finales.

Ha entrado en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 13 de julio de 2023.

El Mecanismo RED, contenido en el Real Decreto-ley 32/2021 de medidas urgentes para la reforma laboral, la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado laboral, es regulado en su totalidad mediante el presente real decreto. En este desarrollo reglamentario se destacan los beneficios en la cotización a la Seguridad Social para las empresas, así como las acciones formativas y el compromiso de mantener el empleo, que están vinculados a las exenciones en las cotizaciones.

La normativa establece que la autoridad laboral competente para evaluar los requisitos para solicitar la ayuda será la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Además, el real decreto describe el procedimiento que debe seguirse para ello, asegurando la participación de los interlocutores sociales. También se establecerá un fondo de financiación para la protección social de las personas acogidas al mecanismo, así como la exoneración de las empresas.

En resumen, se desarrolla de manera exhaustiva el marco legal del Mecanismo RED, incluyendo el procedimiento para que las empresas puedan aplicar medidas como la reducción de jornada o la suspensión de contratos, la gestión de dichas medidas, la gobernanza del mecanismo y sus garantías (protección de los trabajadores, beneficios en la cotización a la Seguridad Social, acciones formativas, compromiso de mantener el empleo, límites en horas extras, contratación y externalización), y las normas relacionadas con la Seguridad Social.