El Congreso de los Diputados aprobó el 16 de febrero la reforma de la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, dando lugar a la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción

Whistleblowing en castellano significa persona que toca un silbato, esto se remonta a una antigua práctica de los policías británicos que alertaban a los ciudadanos y a otros policías de la posible comisión de un delito.

Esta norma, entre otras cosas, obliga a las organizaciones del sector privado y público a tener un canal de denuncias, seguro y anónimo en virtud de la directiva europea”Whistleblowe”.  Otro de sus objetivos es proteger a las personas conocedoras de situaciones de corrupción, fraude y violación de la legislación de la Unión Europea y del ordenamiento jurídico interno.

Aspectos clave a tener en cuenta para una correcta implantación de un canal de denuncias:

¿Qué es?

Una herramienta para la detección precoz de las conductas contrarias a derecho en el ámbito laboral o profesional.

Finalidad de este canal

Informar de actos de corrupción, fraudes y violaciones del Derecho marcado por la Unión Europea. Debe estar a disposición tanto de empleados como de terceros, las denuncias serán anónimas, y la gestión del canal por parte de la empresa debe ser seguro y confidencial, serán las propias empresas las que decidan cómo recibir las denuncias, pero siempre ciñéndose al marco legal que prevé tanto la citada Ley como el marco de la UE.

¿Cuándo es obligatorio tener un canal de denuncias?

Personas jurídicas cuando tengan 50 o más trabajadores y todas las entidades del sector público. Estas últimas en función de su número de empleados y tamaño podrán compartir medios y recursos.

Además de para las empresas con más de 50 trabajadores, quedan obligados a implementar un canal de denuncias con independencia del número de empleados que tengan, los siguientes colectivos:

• Partidos políticos.
• Sindicatos.
• Fundaciones que reciban fondos públicos para su financiación.
• Universidades.
• Organizaciones sin ánimo de lucro.
• Entidades públicas de municipios de más de 10.000 habitantes.
• Organizaciones empresariales que gestionen fondos públicos.

¿Qué plazos hay para su implantación?

La Ley determina dos plazos en función del tamaño de las empresas y número de trabajadores.

Para las empresas de 250 trabajadores o más cuenta con 3 meses desde que se publique en el BOE para adaptar esta normativa a su empresa, contando con un vacatio legis de 20 días.

Las empresas de 50 a 249 trabajadores tendrán hasta el 1 de diciembre de 2023 para implementar el canal de denuncias, este plazo aplica también a los municipios de menos de 10.000 habitantes.

Organiza este canal

Este canal no es un buzón de quejas y sugerencias que se pueda usar de manera indiscriminada, por lo que será importante marcar unas normas específicas que regulen su uso, indicando cuál es el marco normativo que lo ampara, quién puede hacer uso de él, tiempo y forma de presentar las denuncias, quién será el organismo competente para su recepción y tramitación y las consecuencias del uso inapropiado de este canal.

¿Cuáles son las sanciones previstas si no se cumple la Ley?

En el caso de las personas físicas las sanciones puedes oscilar entre los 1.001 a 300.000 euros, en el caso de las personas jurídicas las multas pueden ser entre los 10.001 a 1.000.000 de euros.

También se prevé una sanción para las personas que aprovechando este canal presenten denuncias falsas, así como a las empresas o canales que descubran las denuncias, que como hemos dicho anteriormente deben ser completamente anónimas.