Desde las décadas finales del siglo XIX, en contextos políticos marcados por los movimientos de reforma social, distintos países occidentales incorporaron en sus legislaciones normas destinadas a afrontar los efectos derivados de los accidentes laborales. Bien a través de ellas, bien a través de normas específicas, algunas otras dolencias ligadas a la actividad productiva fueron lenta y fragmentariamente incorporadas como objeto de atención legislativa y médica.