Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 678/2010, de 12 de febrero - previene - enero 2011 - InfoPrevención.FM
Previene

Número 47 del boletín mensual infoPrevencion.FM Enero 2011

INFORMACIÓN JURÍDICA   

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 678/2010, de 12 de febrero

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Que en la citada sentencia se declaran como hechos probados los siguientes:

La empresa comunicó al actor de forma escrita dos resoluciones en las que procedía a imponerle sendas sanciones de suspensión de empleo y sueldo, como consecuencia de la negativa a realizar determinadas maniobras de enganche y desenganche de trenes en una estación, en base a que estas no entraban dentro de sus funciones y podían suponer un riesgo laboral grave para su salud.

En el caso concreto, en los dos días en que se produjeron los hechos sancionados, las maniobras encomendadas al actor eran maniobras de enganche y desenganche, operaciones éstas que integran la actividad principal del puesto y categoría profesional del demandante, ayudante ferroviario, de conformidad al Plan de Evaluación de Riesgos Laborales y del que se desprende, asimismo, que el ayudante ferroviario es responsable de que el material estacionado esté bien enganchado. Vemos además, como se distingue en la descripción del puesto, lo que son maniobras de lo que son operaciones de enganche y desenganche.

En la referida Estación está prevista la presencia de un capataz o al menos de un ayudante ferroviario con función de dirección de la brigada de lunes a viernes en turno de noche (de 22,00 a 6,00 horas) y que si bien en el turno de mañana y tarde, las mismas maniobras de enganche y desenganche exigen la presencia de tres personas (maquinista, ayudante ferroviario y capataz o quién haga sus veces) en el turno de noche y fin de semana, sólo hay dos personas para efectuar las mismas operaciones (el maquinista y el ayudante ferroviario).
En este contexto, el recurrente entiende que se haya justificada su desobediencia a realizar las maniobras cuyo incumplimiento justifica la sanción teniendo en cuenta, sobre todo, la peligrosidad de las maniobras en cuestión sin una tercera persona que las coordine como sucede en el turno de mañana o tarde.

Es doctrina reiterada de los Tribunales Superiores de Justicia, la que 'el trabajador no puede erigirse, en lo que atañe a las órdenes o instrucciones del empresario relacionadas con el trabajo y emitidas en el ejercicio legítimo de sus facultades, en definidor de sus obligaciones sino que, antes al contrario, en esa materia lo primero es cumplir, salvo que la ejecución del mandato implique riesgos inminentes o comporte alguna vejación a la dignidad y respeto que le son debidos y, después, reclamar, si a ello hubiere lugar, ya que lo contrario significaría legalizar la autodeterminación del propio derecho.

En el caso concreto, en los dos días en que se produjeron los hechos sancionados, las maniobras encomendadas al actor eran maniobras de enganche y desenganche, operaciones éstas que integran la actividad principal del puesto y categoría profesional del demandante, ayudante ferroviario, de conformidad al Plan de Evaluación de Riesgos Laborales.

La normativa aplicable no establece la exigencia de una tercera persona, más en concreto de un capataz, para la realización de dichas maniobras Además, el puesto de capataz, en la Evaluación de Riesgos, aparece simplemente como el responsable de la formación de trenes y sus maniobras.

No resulta acreditado pues, ni la ilegalidad de la orden pero tampoco la peligrosidad o riesgo de la misma. En efecto, no se ha acreditado la existencia de accidentes ocurridos en este tipo de maniobras ni en el centro de trabajo del actor ni en ningún otro. Y que el referido procedimiento operativo es el que se viene aplicando desde hace años de modo que, no puede ampararse el trabajador sancionado en que el mismo es ilegal o peligroso, ni mucho menos con riesgo inminente para su seguridad e integridad física como causa que justifique su desobediencia y elimine de su conducta la culpabilidad necesaria para el ejercicio de la facultad sancionadora actuada por la empleadora.

Se entiende por tanto que hay desobediencia en el caso concreto por el hecho de que el trabajador ha incumplido las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, que están determinadas por las normas laborales aplicables y también por las órdenes e instrucciones que emanan legítimamente del poder de dirección del empresario.

De todo ello se desprende que la sentencia recurrida es plenamente acorde con el ordenamiento jurídico y en consecuencia no vulnera la normativa que por la parte recurrente por lo que procede previa desestimación del mismo dictar un pronunciamiento confirmatorio del impugnado.


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