Tribunal Supremo, Sala de lo Social . Sentencia 4801/2010 de 30 de junio de 2010. - previene - enero 2011 - InfoPrevención.FM
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Número 47 del boletín mensual infoPrevencion.FM Enero 2011

INFORMACIÓN JURÍDICA   

Tribunal Supremo, Sala de lo Social . Sentencia 4801/2010 de 30 de junio de 2010.

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Se estima el derecho de un trabajador a ser indemnizado civilmente por resarcimiento de las secuelas, daño moral y por lucro cesante durante la duración de la situación de incapacidad temporal por un accidente de trabajo sufrido el 6 de septiembre de 2001, cuando procedía al desmontaje de una estructura auto-portable. En dicha operación el trabajador portaba un cinturón de seguridad que amarró al brazo de la estructura que estaba desmontando, de modo que cuando la estructura cayó al suelo, desde una altura aproximadamente de 5 metros, el cayó detrás.
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo admite a trámite el recurso de casación para la unificación de doctrina del accidente de trabajo sufrido por el trabajador en fecha 06/09/2001 y condena a la empresa aseguradora y a la empresa titular a pagar la indemnización civil ya que la empresa titular tenía suscrita una póliza de responsabilidad civil con un tope de 60.101,21€ con la empresa aseguradora , por lo que el resto de indemnización hasta el total lo debe pagar la empresa titular.

ANTECEDENTES DE HECHO:
Primero: Con fecha 24 de enero de 2008, el Juzgado de lo Social núm. 2 de Avilés, dictó sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva: 'Que debo desestimar y desestimo la demanda formulada por el trabajador contra la empresa titular. y XXXX COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

SEGUNDO.- En dicha sentencia se declararon probados los siguientes hechos:

PRIMERO.- El demandante, fue contratado por la empresa demandada, el 13 de junio de 2001, con la categoría profesional de Aprendiz, mediante un contrato de formación de Almacenero, que finalizó el 12 de junio de 2002.

Interpuesta demanda de despido, el Juzgado de lo Social nº 1 de los de Avilés, por sentencia de fecha 31 de julio de 2002 (Autos 871/02), declaró el referido contrato celebrado en fraude de ley y, por tanto, improcedente el despido de que había sido objeto el 12.06.02, confirmada por sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Asturias de 26.03.04.

En el hecho probado quinto de la Sentencia se recoge: 'Por la empresa demandada se contrató con una empresa de formación, la formación teórica del trabajador tanto para el contrato inicial como para la prórroga, habiendo remitido la citada empresa a la aquí demandada dos envíos de unidades didácticas.

No consta que el trabajador haya remitido ningún ejercicio a la empresa de formación, la cual emitió con fechas 31-12-2001 y 30-06-2002 los respectivos certificados de formación teórica, sin constar en los mismos cuál que el grado de aprovechamiento.

SEGUNDO.- Con fecha 6 de septiembre de 2001, el demandante sufrió un accidente de trabajo cuando procedía el desmontaje de una estructura auto-portante, un rocódromo instalado en el Parque del Temple de Ponferrada con ocasión de las fiestas de la citada localidad. En la operación de desmontaje el solicitante portaba un cinturón de seguridad que fue a amarrar al brazo de la estructura que estaba desmontando, de forma que cuando ésta cayó al suelo, desde una altura aproximadamente de cinco metros, arrastró detrás al trabajador.

TERCERO.- La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de León levantó Acta de Infracción a la empresa demandada por el accidente de trabajo ocurrido, proponiendo una sanción de 1.502,54 euros, por la comisión de una falta grave, por entender que el trabajador accidentado carecía de experiencia en trabajos de desmontajes de estructuras en altura, y de formación específica para este tipo de trabajos.

En dicha acta se recoge que 'Tras las actuaciones practicadas, se ha podido comprobar lo siguiente:

El accidente se produjo el día 6 de septiembre de 2001, cuando la empresa procedía al desmontaje de una estructura auto-portante, un rocódromo instalado en el Parque del Temple de Ponferrada con ocasión de las fiestas de la citada localidad. En la operación de desmontaje portaba un cinturón de seguridad que el trabajador fue a amarrar al brazo de la estructura que estaba desmontando, de forma que cuando ésta cayó al suelo, desde una altura aproximadamente de cinco metros, arrastró detrás al trabajador produciéndose el accidente.

El referido trabajador presta servicios en la empresa desde el 13 de junio de 2001, siendo su trabajo el de almacenero. Según el representante de la empresa, carece de experiencia en trabajos de desmontajes de estructuras de altura, no constando que anteriormente trabajara en esta actividad antes de hacerlo para la empresa. A su vez, la empresa no ha impartido formación alguna al trabajador que le habilite a efectuar trabajos en altura como el desempeñado el día del accidente.

La propuesta fue aceptada por la Delegación de Trabajo mediante Resolución de fecha 9-05-02.

CUARTO.- Seguidas actuaciones administrativas sobre invalidez permanente, las mismas fueron resueltas con fecha 8.05.03 por resolución de la Dirección Provincial del INSS reconociendo al demandante las prestaciones correspondientes a las lesiones permanentes no invalidantes recogidas en los números 077 y 110 del Baremo, con una cuantía total de 1590,91 euros, que fue impugnada por la parte actora interesando una incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo, pretensión que fue desestimada por sentencia del Juzgado de lo Social Nº 2 de Avilés (Autos 843/03 ) dictada el 28.08.04 y posteriormente por sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Asturias de fecha 17 de febrero de 2006.

QUINTO.- Como consecuencia del accidente el actor presenta las siguientes secuelas:

Hiposmia ................................... 10 puntos
Resección intestinal .................. 3 puntos
Lobectomía Hepática .............. 10 puntos
Adherencias peritoneales ........ 8 puntos
Callo hipertrófico clavicular ...... 2 puntos
Algodistrofia muñeca ................ 5 puntos
Cadera dolorosa ........................ 5 puntos
Material de osteosintesis (alambre) en fémur derecho ........... 8 puntos
PUNTUACION ............................ 46 puntos
Perjuicio estético importante .. 11 puntos
PUNTUACION TOTAL .............. 57 puntos

El actor estuvo en situación de incapacidad temporal un total de cuatrocientos sesenta y tres (463) días durante los cuales permaneció incapacitado, y de los cuales treinta y tres (33) fueron de hospitalización.

SEXTO.- El trabajador realizó el siguiente informe:

'El jueves 6 de septiembre realizando los trabajos de desmontaje de un rocódromo, caí desde una altura de 5 m. Lo que ocurrió es que yo estaba anclado al brazo que desmontaba, y al terminar de quitarlo lo tiré al suelo desde una altura de 5 metros., su peso me llevó detrás. La situación que me llevó a realizar estas labores es que un compañero de trabajo, me pidió que lo hiciera, desconociendo estos hechos la dirección de la empresa. La dirección de la empresa me había enviado a esta obra a realizar labores propias de mi contrato, con mi conocimiento claro de que los trabajos de altura no lo eran.

Mi estado de salud ahora es bueno, me estoy recuperando y lo único que quiero es volver a trabajar cuanto antes, tengo el brazo derecho lastimado y la pierna derecha también, estoy haciendo recuperación'.

SEPTIMO.- La empresa tiene suscrita póliza de multiriesgo industrial con aseguradora XXXX, en la fecha del siniestro tenía un sublímite por víctima para la cobertura de responsabilidad civil patronal de 60.101,21 euros. En dicha póliza el riesgo que aparece recogido es: fabricación e instalación de rocódromos con madera, fibra y resinas de poliéster. Instalación de equipamientos deportivos en general.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Sometida de nuevo la cuestión a enjuiciamiento, la Sala llega a la diversa conclusión de que la exigencia de responsabilidad necesariamente ha de calificarse como contractual, si el daño es consecuencia del incumplimiento contractual; y que tan sólo merece la consideración extracontractual, cuando el contrato ha sido únicamente el antecedente causal del daño, cuya obligación de evitarlo excede de la estricta órbita contractual, hasta el punto de que los perjuicios causados serían igualmente indemnizables sin la existencia del contrato.

El punto de partida no puede ser otro que recordar que el Estatuto de los Trabajadores genéricamente consagra la deuda de seguridad como una de las obligaciones del empresario, al establecer el derecho del trabajador «a su integridad física» [art. 4.2 .d)] y a «una protección eficaz en materia de seguridad e higiene» [art. 19.1]. Obligación que más específicamente -y con mayor rigor de exigencia desarrolla la LPRL [Ley 31/1995, de 8 /Noviembre], cuyos rotundos mandatos -muy particularmente los contenidos en los arts. 14.2, 15.4 y 17.1 LPRL- determinaron que se afirmase «que el deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado» y que «deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran».
Existiendo, pues, una deuda de seguridad por parte del empleador, ello nos sitúa en el marco de la responsabilidad contractual y del art. 1.101 Código Civil, que impone la obligación indemnizar los daños y perjuicios causados a los que «en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren el tenor de aquéllas».

Así el relato de los hechos quedaría de la forma siguiente: 1º)- El actor fue contratado -con 18 años cumplidos- como Aprendiz de Almacenero en 13/06/01; 2º).- En 06/09/01 fue enviado de Gozón [Avilés] a Ponferrada junto con dos compañeros, para desmontar un rocódromo, y hallándose encaramado a una altura de cinco metros y sujeto con cinturón de seguridad al brazo de la estructura, al desmontar ésta cayó conjuntamente con ella, sufriendo lesiones de diversa consideración; 3º).- La actividad de Ponferrada fue desarrollada sin la asistencia de tutor alguno; 4º).- Como consecuencia del accidente, el actor presenta secuelas que alcanzan una puntuación de 57 puntos en el Anexo de la LRCSCVM y que en vía administrativa fueron calificadas como lesiones permanentes no invalidantes e indemnizadas con 1590,91 euros, rechazándose en vía judicial -por el Juzgado y la Sala de Suplicación- la existencia de IPT; 5º).- Invirtió en su curación -con incapacidad para el trabajo- 463 días, de los que 33 fueron de hospitalización; 6º).- En 21/01/02 suscribe documento -también firmado por el representante de la empresa- en el que afirma que fue enviado a Ponferrada para cumplir sus funciones de Almacenero y que si procedió a auxiliar en el desmontaje de la plataforma fue a instancia de un compañero; 7º).- Ese documento
fue suscrito el mismo día en que la empresa presentó la prórroga del contrato en el INEM; 8º).- En el expediente administrativo sancionador abierto a la empresa por infracción de medidas de seguridad y que concluyó con la imposición de una multa de 1502,54 euros, por falta grave consistente en carecer el trabajador en falta de experiencia y formación para trabajos de desmontajes de estructuras en altura.; 9º).-
En 12/06/02 se le comunicó al trabajador su cese y esta decisión fue calificada de despido improcedente -por fraude- por sentencia que ha adquirido firmeza; y 10).- La empresa tiene suscrita póliza con la aseguradora «Xxxxx, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA» con el límite de responsabilidad por víctima de 60.101,21 euros.

Estos hechos quedan probados y de éstos se desprende la existencia de culpabilidad justificativa de la responsabilidad civil que se demanda, por concurrir la infracción de los preceptos que el recurso demanda.

La empresa incurre en la vulneración de preceptos fundamentales ya que no consta que al trabajador se le haya facilitado la información suficiente y adecuada para acceder a la zona de riesgo grave , tal y como era la zona de desmontaje de la estructura y no se previeron las imprudencias no temerarias o distracciones del trabajador, y no se observó la obligación de garantizar la seguridad y salud del trabajador y el derecho a la integridad física y a una protección eficaz, ya que carecía de formación adecuada, y el trabajador actuó atendiendo la demanda de otros dos compañeros.

Queda clara la negligencia empresarial , ya que la actuación indebida del Aprendiz ha de atribuirse a la falta de formación y a su inexperiencia, por lo que la actuación del accidentado carece de relevancia a los efectos de una posible compensación de culpas y responsabilidades.

Y estas singularidades de nuestro Ordenamiento laboral justifican plenamente que en el ámbito de esta jurisdicción social, la interpretación de los arts. 1.101 y 1.108 Código Civil atienda - incluso- a un mayor automatismo que el orden civil, de manera que la regla general en la materia ha de ser -supuestos exorbitantes aparte- la de que las deudas en favor del trabajador generan intereses a favor de éstos desde la interpelación judicial» .

FALLAMOS:

Estimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la representación del trabajador accidentado y revocamos la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en fecha 17/Octubre/2008 , que a su vez había confirmado la resolución -desestimatoria de la demanda- que en 24/Enero/2008 pronunciara el Juzgado de lo Social núm. Dos de los de Avilés, y resolviendo el debate en Suplicación estimamos parcialmente el de tal clase formulado por el trabajador, declarando su derecho a ser indemnizado con 136.381, 70 euros, desglosados en la forma siguiente:

a).- Por resarcimiento de las secuelas, incluido el daño moral a ellas atribuible, la cantidad de 111.737, 6527 euros;
b).- Por daño moral durante la situación de Incapacidad Temporal, un total de
21.014, 13 euros; y
c).- Por lucro cesante durante la misma situación de IT, la cantidad de 3.629,92 euros.
Y condenamos al pago de tales cantidades a la empresa y a «XXXXX, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA», respondiendo esta última hasta el límite asegurado de 60.101,21 euros, con los abonos moratorios y procesales siguientes: desde la fecha del alta médica y hasta la presente, una y otra satisfarán el interés legal por sus respectivas deudas; y desde la fecha de esta sentencia, la empresa devengará por su débito el interés legal del dinero incrementado en dos puntos, y la compañía aseguradora incrementará el importe del suyo en el 20 % anual.


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