Revisión de las prestaciones extraordinarias por cese de actividad que se reconocieron durante la pandemia del COVID-19

Desde el mes de marzo del año 2020 hasta principios del año 2022, entraron en vigor varias medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, entre ellas una serie de ayudas y prestaciones extraordinarias de cese de actividad (en adelante, CATA.COVID-19) destinadas a las personas trabajadoras por cuenta propia que se vieran obligadas a suspender su actividad, por la declaración del estado de alarma, o bien que hubieran experimentado una reducción importante en la facturación que venían teniendo.

Cabe recordar que dichas ayudas y prestaciones se fueron creando y adecuando en el tiempo según las necesidades y la realidad que se vivía en cada momento. En este sentido hubo hasta siete paquetes de medidas, cada uno de ellos asociado a un Real Decreto-ley en el que se regulaban las distintas ayudas y prestaciones que entraban en vigor.

Por la urgencia y necesidad que existía de hacer llegar estas prestaciones a los hogares de las personas que las necesitaran, se llevó a cabo un reconocimiento provisional de las mismas, supeditando el reconocimiento definitivo a una posterior revisión por parte de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.

Finalizadas todas las medidas preventivas relacionadas con la situación de crisis sanitaria derivada del COVID-19, en Fraternidad-Muprespa hemos iniciado la paulatina revisión de estas distintas prestaciones CATA.COVID-19 que se reconocieron provisionalmente.

Estas revisiones van a realizarse por campañas, asociando cada una éstas con las prestaciones que se regularon en cada uno de los paquetes de medidas o Reales Decreto-ley que fueron entrando en vigor.

En cada una de las campañas, la revisión de las prestaciones CATA.COVID-19 se llevará a cabo verificando dos escenarios: por un lado el cumplimiento de los requisitos de acceso y por otro la comprobación de los importes abonados. Si durante estas verificaciones surgiera alguna incidencia, se enviará al beneficiario de la prestación revisada un escrito con el asunto: “trámite de audiencia” en el que se detallarán las incidencias detectadas y otorgando un plazo de 15 días hábiles (es decir, sin contar sábados, domingos ni festivos) para poder hacer alegaciones y/o aportar toda aquella documentación que considere que permita aclarar o subsanar las incidencias detectadas.

Superado dicho plazo, se procederá a emitir una resolución definitiva con la información que se haya recabado y obre en el expediente de la prestación en revisión. Estas resoluciones podrán ser de tres tipos:

a) Resolución que eleve a definitivo el acuerdo provisional: se emitirá cuando durante la revisión de la prestación se hayan aclarado las dudas, no detectándose ninguna incidencia y declarándose que las prestaciones abonadas han sido considerado correctas y definitivas.

b) Resolución que anule el acuerdo provisional: se emitirá cuando durante la revisión de la prestación se hayan detectado incidencias que impiden el acceso a la prestación y que no han sido subsanadas o suficientemente justificadas documentalmente durante el trámite de audiencia. En estos casos las prestaciones abonadas se declararán como indebidamente percibidas y serán reclamadas en su totalidad.

c) Resolución que modifique el acuerdo provisional: se emitirá cuando durante la revisión de la prestación se haya verificado el cumplimiento de los requisitos de acceso a la misma, pero se hayan detectado incidencias en el importe total de la prestación abonada y durante el trámite de audiencia no se hayan aclarado dichas diferencias. En estos casos se reconocerá el derecho a acceder a la prestación, pero se reclamarán las diferencias en el exceso de las prestaciones abonadas.