El Tribunal Supremo anula el fallo del TSJ del País Vasco por admitir modificaciones de los hechos probados basadas en prueba testifical y deja pendiente de resolución el posible incumplimiento de las obligaciones preventivas de la empresa.

Una trabajadora con más de veinte años de antigüedad, técnico superior en prevención de riesgos laborales en una empresa especializada en prevención de riesgos laborales para empresas, sufrió episodios de ansiedad que desembocaron en sucesivos periodos de incapacidad temporal. 

La empleada había permanecido

La resolución del Tribunal Supremo aclara que modificar el porcentaje de teletrabajo pactado individualmente exige el consentimiento de la persona trabajadora, pero no constituye por sí mismo una modificación sustancial sujeta al procedimiento del artículo 41 ET. 

El Tribunal Supremo, en su sentencia 608/2026 resuelve el recurso de casación 131/2025 contra la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional (procedimiento de conflicto colectivo, autos 397/2024)

El conflicto afectaba a las personas trabajadoras con certificado de discapacidad

El Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre, por el que se traspone la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea

El objeto del real decreto es desarrollar el artículo 8.5 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. Busca garantizar la transparencia y la previsibilidad

La empresa puso a disposición de la trabajadora 675 euros en lugar de 1.082,84 euros que correspondían conforme a la ley. El TSJ de Navarra considera inexcusable el error en el cálculo de la indemnización, al no concurrir dificultad en el cálculo ni circunstancias que justificaran el error. 

Se resuelve el recurso de suplicación nº 168/2026 frente a la sentencia de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia nº 4 de Pamplona/Iruña, en el procedimiento de despido nº

Por qué un abandono injustificado no fue suficiente para justificar el despido

Se resuelve recurso de suplicación nº 1225/2026, interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Ferrol de 8 de enero de 2026, autos 554/2025.

El trabajador prestaba servicios en un astillero y el 16 de mayo de 2025 después de discutir con un compañero abandonó su puesto sin avisar a nadie. El encargado tuvo que asumir las funciones que estaba realizando el trabajador y

La proximidad temporal entre el alta médica y el despido activa los indicios de discriminación, pero la empresa debe acreditar que su decisión responde a una razón ajena a la situación de salud de la trabajadora.

Se resuelve recurso de suplicación nº 1087/2026 interpuesto contra la sentencia de la Sección de los Social del Tribunal de Instancia de San Sebastián nº 4 de 17 de febrero de 2026.

Dña. Felicidad prestaba servicios para la empresa demandada desde enero de 2024

La Audiencia Nacional declara nulos los controles diarios y registros aleatorios de taquillas realizados por la empresa por vulnerar el derecho a la intimidad.

Se resuelve la demanda de conflicto colectivo presentada el 11 de mayo de 2026 por un sindicato con la con adhesión posterior de otro, frente a un grupo multinacional dedicado al comercio textil, zapatos, accesorios y otros complementos.

El conflicto surge como consecuencia de dos prácticas de control implantadas por la empresa en sus establecimientos: por

El TSJ de Navarra reconoce el derecho al teletrabajo al 100 % ante la falta de negociación efectiva del artículo 34.8 ET, aunque concurrían razones organizativas que podían justificar la negativa empresarial.

Se resuelve el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada de la trabajadora frente a la Sentencia nº 45/2026 dictada por la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Pamplona/Iruña nº 1 (autos nº 612/2025). Reclamación de derechos de conciliación de la vida personal, familiar

El TSJ de Baleares confirma que la audiencia debe permitir al trabajador conocer los hechos que se le imputan y la posibilidad de ser oído, aunque no tenga conocimiento, hasta el momento del despido, de la calificación jurídica que la empresa atribuye a su conducta. El hecho de que la calificación jurídica específica aparezca únicamente en la carta de despido, y no en la comunicación inicial, no anula el trámite, pues la trabajadora ya había tenido la oportunidad de defenderse

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirma la improcedencia del despido y aplica la doctrina del Tribunal Supremo sobre el artículo 7 del Convenio núm. 158 de la OIT.

La sentencia resuelve el recurso de suplicación nº 586/2026 interpuesto frente a la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 5 de Valladolid (autos 404/2025).

El conflicto se produjo el 27 de marzo de 2025. La trabajadora, que prestaba servicios como vigilante de seguridad en las instalaciones